El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que busca implementar una profunda desregulación económica, firmado por el presidente Javier Milei, se prepara para entrar en vigencia este viernes, a pesar de la intensa resistencia judicial. Organizaciones sociales, sindicatos, abogados constitucionalistas y ciudadanos particulares han presentado al menos 30 amparos en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Buenos Aires.
Hasta el mediodía del jueves, se contabilizaban al menos 25 amparos en dicho fuero y otros dos presentados por la CGT y la CTA ante la justicia del Trabajo, según un relevamiento de Télam. Aunque el juez Esteban Furnari rechazó una medida cautelar de suspensión del DNU en un proceso colectivo, la CGT apeló la decisión del juez Ignacio Ramonet en relación al capítulo IV del Decreto vinculado a la reforma laboral.
Este DNU, publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre, enfrenta una serie de desafíos legales antes de su entrada en vigencia, que está programada para el 29 de diciembre. Mientras la CGT busca la suspensión del capítulo IV vinculado a la reforma laboral, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez ha solicitado una medida precautelar para suspender el DNU en su totalidad.
Un hecho novedoso es la inclusión de una «cláusula de ratificación» del DNU en el proyecto de Ley presentado para sesiones extraordinarias, lo que, según Gil Domínguez, implica el reconocimiento del Poder Ejecutivo de que las reformas propuestas pueden tratarse en el Congreso Nacional.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también ha presentado un amparo argumentando la inconstitucionalidad del DNU, alegando que se aparta del principio de división de poderes y suprime derechos y garantías individuales y colectivas.
Con el desafío judicial en pleno desarrollo, el DNU 70/2023 enfrenta una serie de obstáculos que podrían determinar su futuro y su implementación. El Tribunal de Apelaciones intervendrá por primera vez en relación al DNU, especialmente en lo referido a las normas de índole laboral, marcando un hito en la lucha legal contra esta controvertida medida económica.