El pasado miércoles 24 de enero, el gobernador republicano del Estado de Texas, Greg Abbot, declaró el estado de emergencia en el territorio debido a la crisis migratoria que sufre el sur del país.

Al mismo tiempo se declaró en desacato frente a las exigencias impuestas desde Washington que implican desde el cese de las medidas para frenar la inmigración y derrumbar parte del muro construido por Trump hasta retirar perímetros de alambre de púas. Junto con esto, el gobernador movilizó a la Guardia Nacional de Texas a Río Grande (frontera con México), retirando a la Guardia Nacional Federal y la Patrulla Fronteriza, encargadas de la “seguridad” de las fronteras norteamericanas.

Por su parte, 25 Estados apoyaron las medidas tomadas por Texas, esto tiene sentido ya que el Estado de Texas funciona como un “puente” entre la inmigración ilegal delictiva desde la frontera sur hacia los Estados del interior. Incluso 14 de los 25 Estados enviaron a Texas sus respectivas tropas de Guardia Nacional.

El revés del Estado Federal ante estas decisiones tomadas por Texas fue, a través del Ministerio de Justicia, una denuncia judicial al Estado ante la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que el gobierno demócrata de Joe Biden esta caracterizado por un fuerte apoyo a la política de fronteras abiertas (completamente contraria a la ejecutada por Trump), cuyo principal incentivo es ganar votantes demócratas en el Estado sureño.

Así como en el anterior conflicto “EEUU vs Arizona”, la Corte Suprema volvió a fallar a favor del Gobierno Federal y en contra de los ciudadanos de Texas, sintiendo estos un profundo abandonó por parte de la justicia. Finalmente, y viendo la posición progresista de la CSJ, la última oportunidad que le queda a Texas es esperar la reelección del ex presidente Donald Trump quien ya se mostró a favor del gobernador Abbott en cuanto a lanzar una operación militar conjunta entre el Estado Federal y el Nacional para frenar lo que parece ser la ola migratoria delictiva más grande de la historia del país.