El Gobierno de Javier Milei hizo oficial este jueves el incremento salarial del 8% destinado al personal de las Fuerzas Armadas, Seguridad y el Servicio Penitenciario Federal (SPF). La decisión fue formalizada mediante las resoluciones conjuntas 3 y 14, publicadas en el Boletín Oficial y respaldadas por los ministros de Economía, Luis Caputo; Seguridad, Patricia Bullrich, y Defensa, Luis Petri.

De acuerdo con estas resoluciones, el salario más alto para el personal militar ascenderá a $1.797.729 en abril, mientras que el más bajo será de $390.591. Por otro lado, los haberes de las fuerzas de seguridad oscilarán entre los $554.171 y los $215.572.

El gobierno justifica este aumento afirmando que es necesario para «reconocer una adecuada jerarquización con relación a la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad», según declaraciones oficiales.

Este aumento salarial se plantea en un contexto en el que tanto las Fuerzas Armadas como las de Seguridad han estado enfrentando desafíos importantes, desde el mantenimiento del orden público hasta la participación en misiones de ayuda en emergencias. Aumentar sus ingresos puede ser una estrategia para mejorar la moral y la eficiencia en el cumplimiento de sus deberes. Sin embargo, el impacto total de esta medida y su alcance en términos de satisfacción del personal aún está por verse.

El aumento salarial no solo afecta directamente a los beneficiarios, sino que también tiene implicaciones económicas más amplias. El gasto gubernamental en salarios puede influir en la economía en general, y este incremento podría tener efectos en la inflación y en la asignación de recursos públicos. La medida, por lo tanto, no solo se interpreta como un gesto de reconocimiento hacia las fuerzas de seguridad, sino también como parte de una estrategia más amplia para abordar los desafíos económicos y sociales del país.